Categoría: Valoración y Expropiación Forzosa

  • Retasación del justiprecio en expropiación forzosa: cuidado, porque no termina todo cuando se fija el precio

    Retasación del justiprecio en expropiación forzosa: cuidado, porque no termina todo cuando se fija el precio

    ¡Imagina que te expropian una finca rústica, discutes el justiprecio durante años y, cuando por fin se reconoce una cantidad superior, descubres que todavía queda otro problema pendiente!

    Ese problema puede ser la retasación.

    Y también puede ser la tributación de esa retasación.

    Porque en muchos expedientes de expropiación forzosa el propietario centra toda su atención en una cuestión muy lógica:

    ¿Cuánto me tienen que pagar por la finca?

    Pero hay otra pregunta que no siempre se hace a tiempo:

    ¿Cuándo me lo tienen que pagar?

    Y todavía una más:

    ¿Qué ocurre si pasan los años y el justiprecio no se paga?

    Voy a explicártelo.

    La retasación no es una cuestión menor

    La Ley de Expropiación Forzosa prevé que, si transcurren cuatro años sin que el pago del justiprecio se haga efectivo o se consigne, debe procederse a evaluar de nuevo los bienes o derechos expropiados. Además, una vez realizado el pago o la consignación, aunque haya transcurrido ese plazo, ya no procede el derecho a la retasación. 

    Esto es muy importante.

    Porque en una expropiación forzosa el valor de la finca no es algo que pueda quedar congelado indefinidamente mientras el expediente se retrasa.

    Si la Administración o la beneficiaria tardan demasiado en pagar, la ley reconoce al expropiado un mecanismo de protección.

    Ese mecanismo es la retasación.

    Dicho de forma sencilla: no se trata solo de añadir intereses. Se trata de volver a valorar lo expropiado cuando se ha producido una demora legalmente relevante.

    ¿Qué ha dicho ahora el Tribunal Supremo?

    La Sentencia del Tribunal Supremo nº 411/2026, de 7 de abril de 2026, analiza un supuesto muy concreto: una expropiación en la que se produjo una retasación, reconocida judicialmente, después del fallecimiento del titular originario. 

    El caso tenía una dificultad añadida.

    El derecho económico derivado de la expropiación había pasado a los herederos.

    Y entonces surgió la pregunta:

    ¿El incremento del justiprecio por retasación tributa en el IRPF del heredero?

    ¿O debe tratarse como una cuestión del Impuesto sobre Sucesiones?

    La respuesta del Tribunal Supremo es relevante para muchos expedientes, porque aclara varias ideas que conviene tener muy presentes.

    Primera idea: la retasación no crea un derecho nuevo

    Este es el punto más importante de la sentencia.

    El Tribunal Supremo insiste en que la retasación no hace nacer un derecho nuevo, autónomo y separado de la expropiación.

    No es otra expropiación.

    No es una indemnización nueva desconectada de la finca.

    No es un negocio diferente.

    Es una nueva valoración del mismo bien o derecho que ya fue expropiado.

    Esto tiene mucha importancia práctica, porque confirma algo que en la valoración expropiatoria debe tenerse siempre presente:

    la retasación sigue conectada con la finca, con el derecho expropiado y con el justiprecio.

    Segunda idea: si el justiprecio se litiga, la fecha de firmeza puede ser decisiva

    En la práctica, muchos justiprecios no se aceptan sin discusión.

    Primero se presenta la hoja de aprecio de la propiedad.

    Después puede venir la hoja de aprecio de la Administración o de la beneficiaria.

    Luego interviene el Jurado de Expropiación.

    Y, si no hay acuerdo, puede llegar el recurso contencioso-administrativo.

    Pues bien, cuando la cuantía está pendiente de resolución judicial, la Ley del IRPF establece que los importes no satisfechos se imputan al período impositivo en que la resolución judicial adquiere firmeza. 

    Esto quiere decir que la fecha fiscalmente relevante no siempre será la fecha de ocupación.

    Ni tampoco necesariamente la fecha en la que se inició el expediente.

    Puede ser la fecha en que la resolución que fija definitivamente la cantidad deviene firme.

    Y esto, en expedientes largos, puede cambiar mucho las cosas.

    Tercera idea: los herederos deben revisar muy bien la situación

    En muchas fincas rústicas afectadas por expropiación sucede algo que es bastante habitual.

    El expediente se alarga.

    El propietario fallece.

    La finca, o el derecho a cobrar el justiprecio, pasa a sus herederos.

    Y años después se cobra una cantidad superior por sentencia, por retasación o por intereses.

    En estos casos no basta con decir:

    “Esto viene de una herencia”.

    Hay que estudiar exactamente qué se heredó, cuándo se heredó, si el justiprecio estaba ya fijado definitivamente o no, qué cantidades se cobran después y por qué concepto.

    La sentencia del Tribunal Supremo distingue precisamente entre situaciones distintas, y por eso no conviene aplicar soluciones automáticas.

    Cada expediente tiene que analizarse con sus fechas.

    Y en expropiación forzosa, las fechas importan mucho.

    Cuarta idea: no todo lo que se cobra tiene la misma naturaleza

    Este es otro error habitual.

    Cuando el propietario recibe una cantidad después de años de expediente, puede tener la sensación de que todo es simplemente “lo que me faltaba por cobrar”.

    Pero técnicamente puede haber varios conceptos distintos.

    Por ejemplo:

    1. justiprecio inicial,
    2. incremento por retasación,
    3. intereses por demora en la fijación del justiprecio,
    4. intereses por demora en el pago,
    5. costas, en su caso,
    6. otros conceptos reconocidos en sentencia.

    Y cada concepto puede tener consecuencias diferentes.

    Por eso, cuando se cobra una cantidad derivada de una expropiación, especialmente si han pasado muchos años, no conviene quedarse únicamente con el importe total.

    Hay que desglosar.

    Hay que saber qué se está cobrando.

    Y hay que saber de dónde viene cada cantidad.

    ¿Qué consecuencias tiene esto para un propietario afectado?

    La consecuencia más práctica es muy sencilla:

    no debes mirar la expropiación únicamente como una pérdida de metros cuadrados.

    Una expropiación forzosa puede generar muchos efectos sucesivos.

    Primero, la ocupación.

    Después, la fijación del justiprecio.

    Después, el pago.

    Después, los intereses.

    Y, en determinados casos, la retasación.

    Además, si el expediente se alarga durante años, pueden aparecer cuestiones hereditarias y fiscales que no estaban previstas al principio.

    Por eso, cuando una finca rústica está afectada por una expropiación, conviene conservar y ordenar toda la documentación.

    No solo el acta previa.

    También:

    1. la relación de bienes y derechos afectados,
    2. los planos,
    3. el acta de ocupación,
    4. la hoja de aprecio de la propiedad,
    5. la hoja de aprecio de la Administración o beneficiaria,
    6. el acuerdo del Jurado,
    7. los recursos,
    8. las sentencias,
    9. los justificantes de pago o consignación,
    10. la documentación hereditaria, si ha habido fallecimiento del titular.

    Parece mucho.

    Pero es necesario.

    Porque en un expediente expropiatorio largo, un dato aparentemente secundario puede terminar siendo decisivo.

    La retasación también debe prepararse técnicamente

    Hay otra cuestión que no debes olvidar.

    Si procede la retasación, no basta con pedirla.

    Hay que justificarla.

    Y hay que valorar nuevamente el bien o derecho expropiado conforme al método aplicable.

    En suelo rural, esto exige analizar correctamente la explotación, el cultivo, los rendimientos, los costes, la renta real o potencial, el tipo de capitalización, los factores de localización y, cuando proceda, los demás conceptos indemnizables.

    Porque la retasación no es una simple actualización aproximada.

    Debe estar motivada.

    Y debe poder defenderse.

    Voy a resumirlo

    Si estás afectado por una expropiación forzosa de una finca rústica, debes tener muy presentes estas ideas:

    1. La retasación puede proceder si transcurren cuatro años sin pago o consignación del justiprecio.
    2. La retasación no es un derecho nuevo separado de la expropiación, sino una nueva valoración del bien o derecho expropiado.
    3. Si hay discusión judicial, la firmeza de la resolución puede ser decisiva para la imputación fiscal.
    4. Si el titular fallece durante el expediente, hay que revisar cuidadosamente la situación de los herederos.
    5. No todos los importes cobrados tienen necesariamente la misma naturaleza.
    6. La documentación del expediente debe conservarse completa.
    7. La valoración técnica sigue siendo fundamental, también en fase de retasación.

    Como ves, una expropiación forzosa no termina siempre cuando se ocupa la finca.

    Ni siquiera termina necesariamente cuando se fija el justiprecio.

    En algunos casos, el verdadero problema aparece años después.

    Y precisamente por eso, en expropiación forzosa rústica, conviene revisar no solo cuánto te pagan, sino también cuándo te pagan, por qué concepto te pagan y qué consecuencias tiene ese pago.

    Porque una finca mal valorada ya es un problema.

    Pero una retasación mal planteada, o mal entendida, puede serlo todavía más.

  • Me expropian una finca rústica para una línea eléctrica o planta solar: qué revisar antes de firmar nada

    Me expropian una finca rústica para una línea eléctrica o planta solar: qué revisar antes de firmar nada

    ¡Imagina que eres propietario de una finca rústica, por ejemplo una finca de olivar, de cereal, de cítricos o de regadío, y recibes una notificación en la que se dice que tu finca está afectada por una línea eléctrica, por una subestación, por una instalación fotovoltaica o por sus infraestructuras de evacuación!

    Lo habitual es que, al principio, el propietario no sepa muy bien qué significa aquello.

    ¿Me van a quitar la finca?

    ¿Solo van a pasar unos cables?

    ¿Me pueden ocupar temporalmente una parte?

    ¿Tengo que firmar el acta?

    ¿Puedo negarme?

    ¿Me tienen que pagar algo más que el valor del terreno?

    Estas son preguntas muy normales.

    Y además son preguntas importantes.

    Porque en una expropiación forzosa para una línea eléctrica o para una instalación energética, lo más peligroso no suele ser únicamente la superficie que se expropia, sino todo lo que puede quedar mal descrito desde el principio.

    Voy a explicártelo.

    La expropiación para instalaciones eléctricas no siempre es solo una expropiación de terreno

    Este es el primer error que debes evitar.

    Cuando hablamos de una línea eléctrica, una planta solar, una subestación o una infraestructura de evacuación, no siempre estamos hablando de una expropiación simple de una superficie de tierra.

    En muchos casos pueden aparecer varios tipos de afección sobre la misma finca:

    1. Expropiación de pleno dominio.
    2. Servidumbre de paso aéreo o subterráneo.
    3. Ocupación temporal.
    4. Caminos de acceso.
    5. Tala o poda de arbolado.
    6. Limitaciones de plantación.
    7. Limitaciones de construcción.
    8. Limitaciones de uso agrícola.
    9. Daños durante la obra.
    10. Demérito o pérdida de valor del resto de la finca.

    Como ves, no es una cuestión menor.

    La Ley del Sector Eléctrico declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución, así como determinadas infraestructuras asociadas, a efectos de expropiación forzosa e imposición de servidumbre de paso. Además, la declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación y la urgente ocupación. (BOE)

    Esto significa que, en muchos casos, el expediente va a avanzar con rapidez.

    Y por eso mismo es tan importante revisar bien la documentación antes de firmar nada.

    Primera cuestión: revisa qué superficie aparece afectada

    Lo primero que tienes que comprobar es la superficie.

    Parece evidente, pero no lo es.

    En una relación de bienes y derechos afectados pueden aparecer varias superficies distintas. Por ejemplo:

    • superficie de expropiación definitiva,
    • superficie de servidumbre,
    • superficie de ocupación temporal,
    • superficie de vuelo,
    • superficie de apoyo,
    • superficie de caminos,
    • superficie de tala,
    • superficie de no edificación.

    Y cada una tiene consecuencias diferentes.

    No es lo mismo que te expropien definitivamente 200 m2 para un apoyo, que te impongan una servidumbre de vuelo sobre 15.000 m2, o que te ocupen temporalmente una hectárea durante la obra.

    Tampoco es lo mismo que la línea discurra por una linde, que atraviese la finca por el centro.

    Por eso, antes de firmar el Acta Previa a la Ocupación, debes comprobar que la superficie afectada coincide con la realidad física de la finca y con los planos del proyecto.

    Y si no coincide, debes hacerlo constar.

    Segunda cuestión: revisa si hay apoyos, torres, zanjas o instalaciones dentro de la finca

    Una línea eléctrica aérea no solo afecta por el vuelo de los cables.

    También puede afectar por los apoyos.

    Y los apoyos no son una cuestión secundaria.

    Un apoyo puede ocupar una superficie reducida, pero alterar de forma importante el manejo agrícola de una finca. Puede dificultar el paso de maquinaria, obligar a modificar marcos de plantación, afectar al riego, impedir determinadas labores o crear zonas improductivas.

    En el caso de una servidumbre aérea de energía eléctrica, el Real Decreto 1955/2000 incluye el vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos, el derecho de paso o acceso para vigilancia, conservación y reparación, y la ocupación temporal necesaria para estos fines. (BOE)

    Esto debes tenerlo muy presente.

    Porque muchas veces el propietario mira únicamente la superficie del apoyo y se olvida de las consecuencias que ese apoyo produce sobre el resto de la explotación.

    Y ahí es donde puede estar una parte muy importante de la indemnización.

    Tercera cuestión: revisa la ocupación temporal

    La ocupación temporal es una de las cuestiones que con más frecuencia se infravalora.

    ¿Por qué?

    Porque se suele presentar como algo provisional.

    “Solo será durante las obras”.

    “Después se devolverá la finca”.

    “Se repondrá el terreno”.

    Muy bien.

    Pero mientras tanto, la finca deja de producir, se puede compactar el suelo, se pueden romper instalaciones, se pueden afectar caminos interiores, se puede dañar el riego, se puede perder cosecha y se puede alterar la explotación.

    En una finca de secano puede ser importante.

    En una finca de regadío puede ser mucho más importante.

    Y en una plantación leñosa, como olivar, cítricos, almendro, viñedo o frutal, puede ser decisivo.

    Por eso, en el Acta Previa a la Ocupación debe quedar descrito el estado real de la finca, el cultivo, la cosecha, las instalaciones, los árboles, los cerramientos, los accesos y cualquier elemento que pueda resultar afectado.

    La Ley de Expropiación Forzosa exige que en el acta previa se describa el bien o derecho expropiable y se hagan constar los datos útiles para determinar derechos afectados, titulares, valor y perjuicios; en terrenos cultivados debe constar el estado y extensión de las cosechas, cultivadores y pactos de arrendamiento o aparcería, en su caso. (BOE)

    Como ves, el acta no es un simple trámite.

    Es una pieza fundamental del expediente.

    Cuarta cuestión: revisa las limitaciones de uso

    Este punto es especialmente importante en las líneas eléctricas.

    Una servidumbre de paso no significa únicamente que pasen unos cables por encima de la finca.

    Puede implicar limitaciones muy concretas.

    Por ejemplo:

    • prohibición o limitación de plantar árboles,
    • obligación de mantener determinadas distancias de seguridad,
    • limitación de construcciones,
    • derecho de acceso para mantenimiento,
    • posibilidad de corte o poda de arbolado,
    • limitaciones para determinadas instalaciones agrícolas,
    • restricciones en zonas de seguridad.

    Estas limitaciones deben ser valoradas.

    Y deben ser valoradas en función de la finca concreta.

    No es igual una servidumbre sobre una finca de pastos que sobre una plantación intensiva de olivar.

    No es igual una finca de cereal que una finca con riego localizado, cabezal de riego, tuberías enterradas, caminos interiores y plantación en plena producción.

    En efecto: el daño no depende solo de la superficie.

    Depende de cómo afecta esa superficie al aprovechamiento real o potencial de la finca.

    Quinta cuestión: revisa si hay demérito de finca

    Este es uno de los puntos que más veces se olvida.

    En una expropiación parcial, puede suceder que el resto de la finca quede peor que antes.

    Esto puede pasar, por ejemplo, cuando:

    • la línea atraviesa la finca por el centro,
    • se dificulta el paso de maquinaria,
    • se parte una unidad de cultivo,
    • se obliga a modificar el sistema de riego,
    • se reduce la funcionalidad de la explotación,
    • se pierde regularidad en la parcela,
    • se generan zonas de difícil aprovechamiento,
    • se afecta al valor de mercado del resto de la finca.

    En estos casos, no basta con valorar la superficie expropiada.

    También hay que valorar el perjuicio que sufre la parte no expropiada.

    A esto lo llamamos demérito de finca.

    Y en muchos expedientes puede ser una cantidad importante.

    Incluso, en determinados casos, puede superar el valor de la superficie físicamente ocupada.

    Sexta cuestión: revisa el cultivo y las instalaciones

    Esta cuestión es muy práctica.

    Antes de firmar, debes comprobar que en el acta aparecen correctamente descritos:

    • el cultivo existente,
    • si la finca es de secano o de regadío,
    • el estado de la plantación,
    • la edad aproximada del arbolado,
    • la existencia de cosecha pendiente,
    • las instalaciones de riego,
    • pozos, balsas, hidrantes o cabezales,
    • cerramientos,
    • caminos interiores,
    • casetas,
    • conducciones,
    • líneas eléctricas particulares,
    • derechos de agua,
    • arrendamientos o aprovechamientos existentes.

    ¿Por qué?

    Porque si no aparecen, después será más difícil reclamar su valoración.

    No imposible.

    Pero sí más difícil.

    Y en expropiación forzosa, todo lo que quede bien descrito desde el principio te ayuda.

    Séptima cuestión: no confundas negociar con aceptar sin revisar

    En los expedientes de instalaciones energéticas es habitual que el promotor o beneficiario intente alcanzar acuerdos con los propietarios.

    Esto puede ser positivo.

    Pero también puede ser peligroso si el propietario firma sin conocer el alcance real de la afección.

    Especialmente en plantas solares, subestaciones o infraestructuras de evacuación, la negociación puede aparecer antes de que el propietario tenga claro qué pierde, qué conserva y qué limitaciones futuras soportará.

    Por eso, mi recomendación es sencilla:

    antes de aceptar una cantidad, revisa técnicamente la afección.

    No se trata solo de saber “cuánto pagan por hectárea”.

    Se trata de saber qué derechos se expropian, qué derechos se limitan, qué daños se producen y qué indemnizaciones deben incluirse.

    Octava cuestión: prepara tu propia valoración

    Quizás este sea el consejo más importante.

    No dejes que la Administración o la beneficiaria sean las únicas que valoren tu finca.

    La valoración para expropiación forzosa tiene reglas propias.

    No es una valoración hipotecaria.

    No es una valoración para compraventa.

    No es una simple comparación con precios de la zona.

    En suelo rural, el Reglamento de Valoraciones establece que la valoración debe realizarse según la situación del suelo y, cuando se trate de suelo en situación básica rural, conforme al capítulo específico de valoración en suelo rural; además, las edificaciones, construcciones, instalaciones, sembrados y plantaciones se tasan de forma independiente cuando proceda. (BOE)

    Esto es muy importante.

    Porque tu finca puede tener un valor del suelo, pero además puede tener indemnizaciones por servidumbre, ocupación temporal, cosecha, arbolado, reposición de instalaciones, pérdida de riego, daños y demérito.

    Y todo ello debe estar motivado.

    Voy a resumirlo

    Si te expropian una finca rústica para una línea eléctrica, una planta solar, una subestación o una infraestructura de evacuación, no firmes sin revisar al menos estas cuestiones:

    1. Qué superficies aparecen afectadas.
    2. Qué tipo de afección se impone sobre cada superficie.
    3. Si hay expropiación definitiva, servidumbre u ocupación temporal.
    4. Si existen apoyos, torres, zanjas, caminos o accesos.
    5. Si se afecta al riego, caminos, cerramientos o instalaciones.
    6. Si hay cosecha pendiente o plantaciones afectadas.
    7. Si se producen limitaciones futuras de uso.
    8. Si existe demérito sobre el resto de la finca.
    9. Si la valoración aplica correctamente el método legal.
    10. Si la cantidad ofrecida incluye todos los daños indemnizables.

    Como ves, la expropiación no consiste únicamente en medir una superficie y ponerle un precio.

    Hay mucho más.

    Y precisamente por eso, en muchas ocasiones, la diferencia entre revisar o no revisar el expediente puede ser muy importante.

    Ya lo sabes.

    Antes de firmar el Acta Previa a la Ocupación, aceptar una oferta o presentar la Hoja de Aprecio, comprueba bien qué se está expropiando, qué se está limitando y qué perjuicios reales va a sufrir tu finca.

    Porque una vez que la obra está ejecutada, discutir algunos de estos daños puede ser bastante más complicado.

  • Derechos de los Precaristas en Expropiación Forzosa: Indemnización por Cultivos sin Contrato Escrito

    Derechos de los Precaristas en Expropiación Forzosa: Indemnización por Cultivos sin Contrato Escrito

    ¿Eres un agricultor que trabaja la tierra con un acuerdo verbal del propietario y te enfrentas a una expropiación forzosa? Muchos precaristas en España se preguntan si tienen derecho a alguna indemnización por sus cultivos.

    La respuesta es sí, siempre que puedas demostrar tu condición y el perjuicio sufrido.

    En este artículo de valoraciondefincarustica.com, especializado en valoración de fincas rústicas y expropiaciones, te explicamos todo sobre los derechos de arrendatarios sin contrato escrito en casos de expropiación forzosa.

    Si buscas información sobre «indemnización precarista expropiación» o «derechos arrendatario verbal España», estás en el lugar correcto.

    ¿Qué es un precarista en el contexto de la Expropiación Forzosa?

    Un precarista es aquella persona que cultiva o explota una finca rústica sin un contrato de arrendamiento formal, en muchos casos basándose solo en una cesión verbal del uso por parte del propietario.

    A diferencia de un arrendatario con documento escrito, el precarista no tiene un título, pero esto no significa que quede totalmente desprotegido ante una expropiación forzosa.

    Lo más importante que debes saber es que la legislación española reconoce derechos indemnizatorios por los cultivos, frutos pendientes o mejoras realizadas, enfocándose en el perjuicio real sufrido.

    En el ámbito de la valoración de fincas rústicas, es común que estos casos surjan en expropiaciones para obras públicas, como carreteras o embalses. Si estás en esta situación, entender tus derechos puede marcar la diferencia en la compensación económica que recibas.

    Fundamentos legales para la Indemnización de los precaristas o arrendatarios sin contrato

    La base legal principal es la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 1954, que protege a quienes explotan la tierra, incluso sin contrato escrito. Aquí van los puntos clave:

    a) Artículo 45 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 45 del Reglamento de Expropiación Forzosa: Indemnización por Frutos y Cosechas

    Estos artículos establecen, conjuntamente, que las indemnizaciones por plantaciones, sembrados y frutos pendientes corresponden a «los que por cualquier título hubieren de percibir los frutos o cosechas pendientes«.

    El término «por cualquier título» es amplio e incluye sin lugar a dudas cesiones verbales.

    Por lo tanto, para optar a esta indemnización no se requiere un contrato de arrendamiento escrito; basta con demostrar la explotación efectiva mediante pruebas como testigos, facturas de insumos agrícolas o evidencia de cultivo prolongado.

    b) Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (RD 1492/2011)

    Esta norma regula la tasación de cultivos preexistentes, separada del valor del suelo.

    Se valora según criterios como el Reglamento de Seguros Agrarios, considerando el valor económico en el momento de la expropiación.

    Para precaristas o arrendatarios sin contrato, esto significa que debes recibir la compensación por siembras o mejoras, siempre que no sean posteriores al inicio del expediente expropiatorio.

    Estos fundamentos legales aseguran que, en una expropiación forzosa en España, los precaristas no queden excluidos de la indemnización por cultivos, siempre que acrediten su rol en la finca rústica.

    Jurisprudencia del Tribunal Supremo: casos relevantes

    La jurisprudencia consolida estos derechos. El Tribunal Supremo ha reconocido cual es el derecho de los precaristas en expropiaciones, reconociendo perjuicios por pérdida de posesión o explotación, como se explica en la sentencia que resumo a continuación:

    • STS de 28 de septiembre de 2002: en este caso, se concedió indemnización a un precarista por la pérdida de posesión en un local expropiado, basada en perjuicios acreditados como gastos de traslado. Aunque el monto fue ajustado, lo que te interesa es que quedó claro que no se necesita un título formal, solo prueba de posesión efectiva. Esto lo podemos aplicar por analogía a cultivos en fincas rústicas.
     
    STS 6287/2002 – ECLI:ES:TS:2002:6287

    Procedimiento para reclamar indemnización como precarista

    Si eres un precarista o arrendatario sin contrato escrito, afectado por una expropiación forzosa, sigue estos pasos para reclamar:

    1. Intervención en el Expediente: No siempre se notifica al precarista (el procedimiento se dirige al propietario), pero puedes intervenir como tercero interesado según el Artículo 28 de la LEF.
    2. Acreditación de Derechos: Presenta pruebas de la cesión verbal (testigos, fotos de cultivos) y el valor de los daños (informe pericial de valoración de fincas rústicas).
    3. Tasación y Justiprecio: Si no hay acuerdo, el Jurado Provincial de Expropiación decide.
    4. Pago de la Indemnización: Se abona directamente al precarista por conceptos como frutos o perjuicios, separada del pago al propietario.

    Te recomiendo que consultes a expertos en valoración de fincas rústicas para una tasación precisa y evitar errores en el procedimiento.

    Conclusión: protege tus derechos en Expropiación Forzosa

    Aunque la condición de precarista no equivale a un arrendatario formal, la LEF y la jurisprudencia española garantizan indemnizaciones por cultivos en expropiaciones forzosas, aunque debes tener en cuenta que para ello es necesario presentar siempre las pruebas adecuadas.

    En valoraciondefincarustica.com, te ayudo con valoraciones profesionales y asesoramiento en estos casos.

    Si buscas «indemnización expropiación sin contrato arrendamiento» o necesitas una consulta personalizada, contáctanos hoy.

    ¡No dejes que una expropiación te deje sin compensación justa!

  • La indemnización por Demérito de finca rústica: una clave olvidada en las Expropiaciones parciales que el Tribunal Supremo ha Consolidado

    La indemnización por Demérito de finca rústica: una clave olvidada en las Expropiaciones parciales que el Tribunal Supremo ha Consolidado

    ¡Imagina que eres propietario de una finca rústica, como un olivar en plena producción, y de repente, una expropiación forzosa para una carretera o una línea eléctrica divide tu propiedad en dos!

    No solo pierdes una porción de terreno, sino que el resto de la finca sufre un impacto que reduce su valor y utilidad. ¿Sabías que esto puede traducirse en una indemnización adicional que muchas veces se pasa por alto?

    Estamos hablando del demérito de finca, un concepto que ha sido moldeado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para garantizar la verdadera indemnidad del expropiado.

    En este post, exploraremos en profundidad qué es el demérito, cuándo surge en una valoración, y cómo la doctrina del Alto Tribunal ha revolucionado su aplicación en expropiaciones parciales de fincas rústicas.

    Si eres propietario afectado o estás involucrado en un expediente expropiatorio, este análisis te ayudará a maximizar las compensaciones en tus casos. Vamos a desgranarlo paso a paso.

    ¿Qué es el Demérito de Finca y por qué es un concepto esencial que no debes olvidar?

    El demérito de finca se refiere a la disminución del valor o la utilidad de la parte no expropiada de una propiedad como consecuencia directa de la expropiación parcial.

    No es solo una pérdida de metros cuadrados; es un perjuicio integral que afecta la funcionalidad, la productividad y el potencial económico de lo que queda.

    Por ejemplo, si una autopista cruza tu finca, podría complicar el acceso a cultivos, aumentar los costes de explotación (como la necesidad de nuevos caminos internos o sistemas de riego), o incluso reducir el atractivo para futuros compradores.

    En el contexto de fincas rústicas, como olivares, viñedos, cítricos u otros frutales, así como terrenos de laboreo, el demérito es especialmente relevante porque estas propiedades dependen de su integridad para generar ingresos. La Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 1954, en su artículo 23, ya contemplaba indemnizaciones y ampliación de expropiación en los casos en los que la explotación de la finca remanente fuera antieconómica.

    Pero ha sido la jurisprudencia la que ha dado forma concreta a este concepto en los casos en los que, sin llegar a convertirse en una explotación antieconómica, la finca restante si sufre una pérdida con respecto a su situación antes de la expropiación.

    De acuerdo con esta jurisprudencia, sin una valoración adecuada del demérito, el expropiado no recibe una compensación justa, violando el principio constitucional de indemnidad (artículo 33.3 de la Constitución Española), que exige que el propietario quede en una situación económica equivalente a la anterior.

    A lo largo de mis años ejerciendo asesoramiento a propietarios afectados, he visto casos donde incluir el demérito ha duplicado o triplicado la indemnización inicial ofrecida por la Administración. Si estás lidiando con una expropiación, entender esto puede ser la diferencia entre una compensación insuficiente y una que cubra realmente tus pérdidas.

    En qué ocasiones se puede plantear el demérito en una valoración

    El demérito no surge en todas las expropiaciones; se aplica específicamente en casos de expropiación parcial, donde solo se expropia una fracción de la finca, dejando un remanente afectado. 

    Según la jurisprudencia del TS, el demérito se valora reservando una parte o porcentaje del valor del suelo rústico de la finca restante, considerando factores como:

    • División física: Cuando la expropiación crea parcelas aisladas, complicando la explotación unificada.
    • Pérdida de acceso o infraestructuras: Por ejemplo, si se corta un camino de acceso o un sistema de riego.
    • Impacto en la productividad: Reducción de rendimientos agrícolas debido a mayor exposición a ruidos, contaminación o erosión.
    • Impacto en los medios de producción: pérdida de usabilidad o de rentabilidad de maquinaria por el incorrecto dimensionamiento de la maquinaria con respecto a las nuevas dimensiones de la explotación agraria.
    • Disminución del valor de mercado: El remanente puede valer menos por ser más pequeño o irregular.

    Los casos habituales en los que puedes aplicar la valoración del demérito de finca en expropiación forzosa incluyen proyectos para infraestructuras lineales como autovías, ferrocarriles, líneas eléctricas o gasoductos.

    También en aquellos casos en los que la expropiación merma considerablemente la superficie de la finca.

    La Jurisprudencia del Tribunal Supremo: el pilar que acredita la indemnización por Demérito

    La verdadera implantación del demérito de finca como indemnización en la expropaición forzosa viene del Tribunal Supremo (TS), que ha consolidado esta indemnización para asegurar la indemnidad real del expropiado. La sentencia STS 8099/2012 (de 3 de diciembre de 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6) es un hito que resume esta línea doctrinal. En este caso, originado en Extremadura, se expropió parte de una finca de olivar para una autovía autonómica entre Miajadas y Vegas Altas. Los propietarios, reclamaron no solo el justiprecio del suelo expropiado (1,6009 hectáreas de olivar), sino también indemnizaciones por demérito y división del remanente.

    El TS, en su fallo, reitera que el demérito es un «daño emergente» en la finca no expropiada, derivado de la expropiación parcial.

    Cita doctrina previa (como STS de 7 de julio de 2009) para enfatizar que la valoración debe ser lógica y razonable, no arbitraria. En el motivo quinto del recurso, los recurrentes alegan vulneración de la doctrina sobre demérito, argumentando que la división genera costes extras como perforación de pozos o compra de bombas sumergibles.

    Aunque el TS desestima parcialmente por falta de pruebas suficientes en instancia, confirma el principio: el demérito debe indemnizarse cuando se demuestra un perjuicio objetivo en el remanente, como mayor coste de explotación o pérdida de valor.

    Esta sentencia sigue una línea jurisprudencial que se remonta en el tiempo:

    • STS de 23 de noviembre de 2003: Establece que el demérito incluye «la minoración del valor de la finca remanente por razón de la expropiación», exigiendo prueba pericial.
    • STS de 25 de noviembre de 2009 (citada en la 8099/2012): Enfatiza que en expropiaciones para sistemas generales (como autovías), el demérito surge si el remanente pierde utilidad agrícola.
    • Doctrina general: El TS insiste en que la LEF y la Ley de Suelo obligan a una valoración integral. En casos como el de olivares, se considera el impacto en riegos, accesos y productividad. Por ejemplo, si la división obliga a replantar olivos o instalar nuevas infraestructuras, esto se indemniza como demérito, no solo como premio de afección (que es un 5% fijo).

    En la citada sentencia TS 8099/2012, el TS critica valoraciones ilógicas de instancia, recordando que la prueba debe seguir «reglas de la sana crítica» (art. 348 LEC). He visto en la práctica cómo la aplicación de esta doctrina jurisprudencial ha elevado indemnizaciones en casos similares, como expropiaciones para carreteras, el AVE o parques fotovoltáicos. 

    Otro ejemplo jurisprudencial: En STS de 20 de marzo de 2010, el TS indemniza demérito en una finca dividida por una carretera, calculando el coste de un nuevo acceso (alrededor de 15.000 € adicionales). Aplicado a rústicas, esto significa que en olivares, el demérito puede incluir la pérdida de subvenciones PAC por reducción de superficie elegible.

    ¿Cómo se calcula el valor del demérito en una finca determinada?

    La sentecia anteriomente citada de 3 de diciembre de 2012, también establece la forma de cálculo del demérito de finca, no sin hacer referencia previamente a la dificultad de su establecimiento: “así como la jurisprudencia de la Sala es unánime al incluir en el justiprecio los perjuicios que ocasione la expropiación parcial respecto de la porción no expropiada, sin embargo, no existe tal unanimidad a la hora de fijar un concreto y único método de valoración del perjuicio, pues como señalan las STS de 9 de mayo de 2001 (recurso 3689/2000 ) y 15 de mayo de 2001 (recurso 3399/2000 ), la determinación del perjuicio se deja al prudente arbitrio de los Tribunales, que suelen recurrir a la fijación de un porcentaje, normalmente sobre el valor de la parte no expropiada de la finca, pero sin que pueda considerarse ilícito que el Tribunal aplique el porcentaje sobre el valor de la parte expropiada, pues como se ha dicho, la LEF no predetermina un método de cálculo, siendo lo verdaderamente esencial el establecimiento de una indemnización proporcionada al perjuicio real”.

    Desde mi punto de vista, la última frase del razonamiento del Tribunal Supremo es de crucial importancia, puesto que deja abierta la puerta a una valoración del demérito que no encuentre más límite que el del perjuicio real ocasionado, pudiendo, eventualmente, superar el valor de lo realmente expropiado. 

    Así, dicha sentencia continúa con el razonamiento: “…lo que la LEF (art. 46 ) previene es únicamente esto: que «se incluirá en el justiprecio la indemnización por losperjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca», pero no establece método alguno para calcular el monto de esa indemnización. Ha sido la jurisprudencia la que ha creado ese métodode aplicar un porcentaje cuya determinación se deja al prudente arbitrio (arbitrio decimos, no arbitrariedad) delTribunal. Y en uso de esa libertad estimativa los porcentajes aplicados pueden ser -y de hecho han sido- muyvariados. Por ejemplo: el 12,25% ( STS de 22 de marzo de 1993 [RJ 1993, 1810]), el 25% ( STS de 16 de noviembrede 1984 [RJ 1984, 5778] y STS de 19 de noviembre de 1997 [RJ 1997, 8574]), el 50% ( STS, de 20 de abril de 1983[ RJ 1983, 2015]), e incluso el 90% ( STS de 12 de diciembre de 1984 [ RJ 1984, 6101]).

    Por lo que hace a la superficie sobre la que ese porcentaje ha de girarse, suele ser la de la parte de finca no expropiada. E incluso, nuestra Sala tiene dicho que ésa es la fórmula más adecuada (así en la STS de 22 demarzo de 1993 ).

    «Sin embargo, y precisamente porque la ley no impone un concreto método para valorar el demérito, loverdaderamente esencial es que se reconozca «una indemnización proporcionada al perjuicio real» (como dicela STS de 19 de noviembre de 1997 ). Y porque esto es así, y porque la ley no establece ningún otro límite alejercicio de la potestad estimativa del juzgador, es perfectamente lícito que, atendiendo a las circunstancias delcaso, el Tribunal decida girar el porcentaje que ha tomado sobre el valor de la superficie expropiada, en vez degirarlo sobre el valor de la superficie sobrante.”

    Como vemos, el método de valoración consagrado por el Tribunal Supremo para la determinación de la indemnizaicón por demérito de finca se caracteriza, ante todo, por la subjetividad en su apreciación, lo que hace que el rigor técnico, la experiencia y la capacidad de razonamiento del técnico que realice la valoración sea fundamenteal. 

    Conclusión: No dejes que el demérito pase desapercibido

    La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ejemplificada en STS 8099/2012, ha acreditado el demérito como esencial para la indemnidad en expropiaciones parciales rústicas. Ignorarlo es dejar dinero sobre la mesa. Si estás afectado o estás involucrado en un expediente de justiprecio, contacta comigo en javieralmagro.com para una revisión inicial sin compromiso.  

  • ECREA 2.0 en la valoración de fincas rústicas

    ECREA 2.0 en la valoración de fincas rústicas

    Artículo actualizado el 6 de octubre de 2026

    Cuando presenté ECREA 2.0 en este blog, una de las novedades que más me interesó fue la posibilidad de trabajar con información económica por cultivo y actividad ganadera.

    Para quienes hacemos valoraciones, eso tiene bastante importancia.

    Porque una cosa es conocer el resultado de una explotación agraria.

    Y otra es determinar qué datos puedes utilizar para valorar una finca concreta.

    ECREA ofrece una fuente pública que merece la pena estudiar. Pero encontrar el cultivo en una tabla todavía no resuelve la valoración.

    El dato necesita una interpretación.

    Y ahí empieza el trabajo del perito.

    Qué información puedes encontrar en ECREA

    Los Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias del MAPA permiten consultar información sobre superficies, producciones, ingresos, costes y resultados económicos de distintas actividades agrarias.

    El portal del Ministerio da acceso al informe interactivo y a la metodología.

    Desde mi punto de vista, su interés para una valoración está en poder examinar la estructura económica de una actividad y contrastarla con la explotación que estás estudiando.

    Puedes encontrar una referencia para los costes.

    Pero también puedes detectar si el rendimiento, los ingresos o el resultado económico que has planteado necesitan una segunda revisión.

    Qué relación tiene con RECAN

    ECREA se elabora a partir de la Red Contable Agraria Nacional, conocida como RECAN.

    Es importante entender esa relación.

    RECAN recoge información técnica y contable de explotaciones agrarias. Sus resultados se presentan, entre otras clasificaciones, por orientación productiva y dimensión económica.

    ECREA desarrolla información a nivel de cultivo o actividad ganadera a partir de esos datos.

    Ese detalle resulta útil cuando una explotación tiene varios aprovechamientos y necesitas estudiar uno de ellos.

    Ahora bien, algunos costes compartidos se asignan mediante criterios de reparto. Que una cifra aparezca atribuida a un cultivo no significa que todos sus componentes hayan sido registrados directamente para ese cultivo.

    La metodología de ECREA permite comprobar cómo se ha construido esa información.

    Una limitación importante: cómo se selecciona la muestra

    ECREA aprovecha la muestra de RECAN. No parte de una selección independiente diseñada para cada cultivo y comarca que quieras valorar.

    La metodología publicada por el MAPA describe un muestreo no probabilístico por cuotas, establecido por comunidad autónoma, dimensión económica y orientación productiva. Las explotaciones se captan mediante participación voluntaria, sin selección probabilística dentro de esos grupos.

    Este detalle importa.

    El propio informe metodológico indica que no se calculan errores de muestreo.

    La participación voluntaria puede introducir sesgos de selección. Y que la muestra busque representar la estructura agraria general no garantiza por sí solo que cada resultado describa adecuadamente un cultivo en una zona concreta.

    Por eso, yo utilizaría ECREA como una referencia que hay que contrastar con la explotación valorada. Su carácter oficial y el número de explotaciones no bastan, por sí solos, para acreditar la representatividad del dato elegido.

    ¿Representan esos datos la finca que estás valorando?

    Esta es la pregunta que yo me haría antes de adoptar un resultado.

    ¿Qué problema te puedes encontrar?. Imagina que, para el cultivo y la campaña que estás estudiando, todas las explotaciones de la muestra de la Región de Murcia se situaran fuera del Campo de Cartagena. Puede ocurrir, por lo tanto, que si estás valorando una finca situada en esa comarca, los resultados que muestra ECREA no sean representativos de tu finca. Lo mismo puede ocurrir en relación con los sistemas de cultivo o la mecanización.

    Por lo tanto, debes tener siempre presente que una media de explotaciones comerciales puede ser una referencia útil. Pero tendrás que estudiar su relación con una parcela pequeña, una explotación con otra mecanización o un aprovechamiento situado en condiciones diferentes.

    También importa el ámbito territorial disponible para ese cultivo.

    La muestra general de RECAN no coincide con la muestra concreta que respalda cada resultado de ECREA.

    Por eso, el número de explotaciones del conjunto no basta para dar por representativo cualquier dato que encuentres.

    Las comprobaciones sobre zona, sistema productivo y partidas de gasto las he tratado en la entrada sobre cómo justificar los costes de cultivo.

    Aquí añadiría una cuestión: ¿qué parte de la realidad económica de tu finca queda bien representada por esa muestra?

    Margen neto, beneficio y renta de valoración

    ECREA presenta distintos resultados económicos.

    Margen bruto.

    Renta disponible.

    Margen neto.

    Beneficio de la actividad.

    Beneficio al productor.

    No son nombres diferentes para una misma cifra.

    Cada resultado incorpora determinadas partidas. Entre ellas pueden aparecer amortizaciones, trabajo familiar o imputaciones relacionadas con la tierra y el capital propio.

    Para utilizar esos resultados en una valoración, tendrás que conocer su composición y decidir qué tratamiento corresponde a cada concepto.

    Elegir directamente la última fila de la tabla puede cambiar por completo la renta que vas a capitalizar.

    Por eso, yo examinaría el recorrido entre los ingresos y el resultado final. Es ahí donde puedes detectar las diferencias relevantes para el informe.

    Las subvenciones también necesitan una revisión

    Otro aspecto que merece atención es el tratamiento de las ayudas.

    ECREA distingue partidas de subvenciones y las incorpora en distintos puntos del cálculo económico.

    Eso permite estudiar su efecto sobre el resultado. También exige comprobar si ya están incluidas en la cifra que has elegido.

    Si las vuelves a sumar, puedes duplicar ingresos.

    Además, el artículo 9 del Reglamento de Valoraciones contempla las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados.

    La presencia de una ayuda en la información contable no resuelve por sí sola su incorporación a la renta de valoración.

    Habrá que examinar su naturaleza y su relación con la explotación.

    La campaña y la versión del dato importan

    Cuando consultas ECREA hoy, puedes estar viendo información de un ejercicio anterior.

    La fecha de consulta y el año de los datos son cosas distintas.

    Además, el Ministerio advierte que los resultados pueden variar por actualizaciones de la base de datos.

    Por eso conviene conservar la referencia utilizada, el ejercicio y las condiciones de la consulta.

    Esa identificación facilita que otro técnico pueda comprobar el informe y entender por qué una consulta posterior arroja una cifra diferente.

    Y si necesitas combinar ECREA con otras fuentes, los datos deben responder a una misma hipótesis de explotación.

    Esto también afecta a la distinción entre renta real y renta potencial.

    Lo que aporta ECREA y lo que aporta el perito

    Para mí, ECREA tiene un valor claro: ofrece una base pública para estudiar y contrastar la economía de las explotaciones agrarias.

    Su utilidad depende de cómo relaciones esa información con la finca.

    Qué resultado eliges.

    Qué partidas contiene.

    Qué diferencias debes considerar.

    Y cómo justificas las decisiones en el informe.

    Ese análisis es el que permite incorporar los datos al método de valoración del suelo rural con una base defendible.

    Si necesitas preparar o revisar una valoración en la que se utilicen datos de ECREA, puedes contactar conmigo.

    Y si eres abogado o técnico y buscas apoyo para interpretar las fuentes económicas de un expediente, podemos estudiar cómo colaborar.

  • El Tribunal Supremo «tumba» el Anexo I y el artículo 12.1.b del Reglamento de Valoraciones

    El Tribunal Supremo «tumba» el Anexo I y el artículo 12.1.b del Reglamento de Valoraciones

    El Tribunal Supremo "tumba" el Anexo I y el artículo 12.1.b

    Eliminado del Coeficiente r2 que modificaba el tipo de capitalización

    El Tribunal Supremo «tumba» el Anexo I y el artículo 12.1.b del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo aprobado por el Real Decreto 1492/2011

    Se ha producido una novedad que puede tener consecuencias significativas para tus valoraciones de fincas rústicas.

    ¿Que ha ocurrido?

    La sentencia 689/2020 de 8 de junio de la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, ha declarado la nulidad de pleno derecho el artículo 12, párrafo primero, parágrafo b) y el Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011.

    Esto significa que dicho artículo y el Anexo ya no existen. No puedes referirte a ellos en tu valoración.

    El artículo 12.1.b que ha sido anulado decía lo siguiente: «Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales, se utilizará como tipo de capitalización, r2, el resultado de multiplicar el tipo de capitalización general r1 por el coeficiente corrector establecido en la tabla del Anexo I de este Reglamento según el tipo de cultivo o aprovechamiento«.

    Por su parte, el Anexo I establecía el citado coeficiente corrector en función del tipo de cultivo o aprovechamiento en una horquilla que variaba entre 0,39 para pastos y 0,78 para tierras de labor regadío y hortalizas al aire libre.

    Dicho coeficiente del Anexo I es siempre inferior a la unidad, incrementando por tanto el valor del suelo rústico sobre el que se aplica.

    ¿Por qué ha anulado el Tribunal Supremo este artículo y su Anexo?

    Pues por ser contrario al párrafo segundo de la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

    Es decir, por ser una norma ilegal, contraria a la Ley.

    La norma que infringe el artículo dice lo siguiente:

    Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada en el apartado anterior un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas. Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente.

    Disposición Adicional 7ª de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Párrafo 2º

    ¿Cual es la infracción cometida por el artículo anulado para ser ilegal?

    La imperatividad.

    De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento, «Los tipos de capitalización que se aplicarán en la valoración en suelo rural, de acuerdo con los usos y aprovechamientos de la explotación, serán los siguientes:«

    El artículo 12.1.b impone la aplicación del coeficiente r2 «cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales«, sin tener en cuenta si el resultado de la valoración (por capitalización) se ha alejado de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.

    También entiende la sentencia que es ilegal el Anexo I porque «la remisión a los coeficientes taxativos del Anexo, sin margen alguno de apreciación en una banda más o menos amplia, tampoco se adaptaría a la Ley, porque deberá convenirse que si lo que se trata de corregir es el valor resultante de las normas reglamentarias con el hipotético precio de mercado, será en cada caso concreto, para realizar esa corrección, como deberá aplicarse el coeficiente de corrección«.

    En mi opinión, es cierto que el Gobierno se olvidó de la Disposición Adicional 7ª en la redacción del Reglamento.

    Y no lo digo yo, lo dice el propio Gobierno en el preámbulo del Real Decreto 1492/2011 que aprueba el Reglamento, cuando reconoce que «desde la perspectiva metodológica, se propone un tratamiento novedoso en el campo de la valoración, consistente en la propuesta de tipos de capitalización diferentes, para tipos de explotaciones diferentes, y ello, en función del riesgo de cada actividad en suelo rural, lo que constituye el núcleo fundamental de la valoración rural«

    Lo lógico es que hubiese hecho una referencia a la Disposición Adicional 7ª y a la necesidad de que existiese una diferencia entre los valores obtenidos por capitalización y los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.

    Un inciso: ¿Cuáles son los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas? ¿Es posible aislar los precios de mercado del suelo rural que tienen y que no tienen expectativas urbanísticas? ¿Es posible discriminar de alguna forma un componente urbanístico en el precio de mercado del suelo rural? ¿Cómo se obtendría ese valor?

    Segundo inciso: ¿Cómo obtenemos el precio de mercado del suelo rural cuando está prohibido la utilización del método de comparación?.

    La Ley de Suelo de 2007, establecía claramente los motivos de la prohibición del método de comparación en su preámbulo:

    «En el suelo rural, se abandona el método de comparación porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminación de elementos especulativos,…«

    Lo cual nos lleva al absoluto contrasentido de tener que establecer unos precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas, cuando la propia Ley que lo estableció reconoce que es muy difícil que puedan concurrir los requisitos necesarios para ello.

    Pero, una vez superadas estas disquisiciones, continuemos.

    ¿Cuáles son las consecuencias de esta Sentencia?

    Pues la consecuencia más importante es que desaparece el coeficiente r2 del Reglamento y los valores contenidos en el Anexo I.

    Sin embargo, esto no quiere decir que desaparezca la posibilidad de efectuar la corrección del tipo de capitalización cuando los valores se separen significativamente del precio de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas, ya que esto es lo establecido en la Disposición Adicional 7ª de la Ley de Suelo, párrafo segundo.

    Pero esto tendrás que justificarlo. Ya no es automático

    ¿Qué puedo hacer entones?

    En mi opinión, sólo es posible una cosa en las valoraciones ya realizadas e incluidas en un expediente expropiatorio: debes revisar tus valoraciones ya realizadas de fincas rústicas para expropiación forzosa.

    Así es, deberás revisar en cada una de tus valoraciones, comprobando si has aplicado automáticamente el coeficiente r2 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12.1.b.

    En el caso de que sea así, habrá que determinar si los precios de mercado del suelo rústico (sin expectativas urbanísticas) en la fecha de la valoración se alejaban del valor obtenido por capitalización.

    ¿Cual es el valor que debo comparar con el precio de mercado?

    Pues lo dice la propia sentencia de la siguiente forma: «… dará como resultado el valor de capitalización del suelo (cociente) [V=R:r; del artículo 11.a) in fine]. Pues bien, será cuando se haya obtenido dicho valor de capitalización y se constate que el precio obtenido para los terrenos «se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas», cuando deberá entrar en juego el coeficiente de corrección que establece el párrafo segundo de la Disposición Adicional«.

    En el caso de que esto sea así, y constates la existencia de esa diferencia significativa, deberás poner en relación el coeficiente aplicado directamente con la Disposición Adicional 7ª, no con el artículo 12.1.b que ya no existe, y justificar dicho coeficiente en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo.

    ¿Qué consecuencias va a tener esta sentencia?

    Pues no quiero ser alarmista, pero es posible que, en algunos casos, se produzca una reducción aproximada de los valores obtenidos para el suelo rural de entre el 20% y el 80%, debido a la no aplicación del coeficiente r2 por no poder demostrar expresamente la diferencia entre el valor de capitalización obtenido y el precio de mercado (sin expectativas urbanísticas, lo que esto quiera significar).

    Moraleja

    Después de esta Sentencia, no puedo dejar de reiterar mi petición, realizada ya en otros artículos del blog desde hace años, para que el Gobierno derogue el Reglamento del Valoraciones de la Ley de Suelo y que el Parlamento restituya a los técnicos la capacidad para valorar de acuerdo con cualquiera de los métodos existentes, incluyendo el método de comparación.

    No olvidemos que la prohibición de utilización del método de comparación se estableció en el año 2007, cuando los precios en el mercado inmobiliario se encontraban en la cresta de la burbuja que luego explotó.

    Sin embargo, con el paso de los años, la situación se ha invertido, y es ahora, a consecuencia de la aplicación del rígido método de capitalización establecido por el Reglamento, cuando nos encontramos, en muchos casos, valores muy altos del suelo rústico.

    Dichos valores altos la Administración los combate a parches: primero, cambiando la referencia del tipo de capitalización; después, metiendo a los interventores de Hacienda en los jurados de expropiaciones; por último, esta sentencia, que no es de la Administración propiamente dicha, pero que juega de forma importante a su favor (y de las beneficiarias de las expropiaciones).

    Hasta aquí este artículo de hoy.

    Como siempre, te emplazo a que utilices el espacio de comentarios para dejar tu opinión, sobre todo en este caso que puede ser del mayor interés para todos.

    Un saludo.

  • Las zonas de protección de carreteras: limitaciones a la propiedad e indemnizaciones.

    Otra de las preguntas que me suelen llegar al blog, aunque en este caso no lo es con tanta asiduidad como las que traté en el último artículo sobre la aplicación de la Norma Granada para la valoración de árboles, es sobre las posibles indemnizaciones por las limitaciones que en una finca suponen las zonas de protección establecidas por una carretera colindante o muy cercana. 

    Así que voy a dedicar unas líneas a comentar estas limitaciones al uso de las fincas por la protección de las carreteras, sus características y cuándo y donde podría  incluirse una indemnización en tu valoración.

    ¿Qué son las limitaciones por carreteras?

    Son zonas adyacentes a las carreteras, habitualmente franjas de distinta anchura en paralelo con ésta, en las que existen importantes limitaciones a la propiedad, en función de la importancia de la protección que otorgan a la vía.

    La Ley de carreteras en su artículo 28 que las zonas de protección de las carreteras son:

    • Dominio Público
    • Servidumbre
    • De Afección
    • De limitación de la edificabilidad

    En realidad aquí sólo contemplaremos las tres últimas como limitaciones a la propiedad, ya que la primera es de titularidad estatal, como su propio nombre indica.

    Zonas de protección de las carreteras estatales
    Zonas de protección de las carreteras estatales

    ¿Cuáles son las limitaciones que se imponen en las franjas de protección de las carreteras?

    De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley de Carreteras, “En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada explotación de la carretera.

    La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.”

    Es decir, que los usos que el propietario particular puede dar a estas zonas están muy limitados, y en cualquier caso, será necesario solicitar previamente permiso al organismo titular de la carretera para poder realizar cualquier actividad.

    ¿Existe diferencia en las limitaciones impuestas en cada una de las zonas de protección?

    Efectivamente, las limitaciones impuestas en cada una de las franjas de protección están especificadas legalmente, de la siguiente forma:

    Zona de servidumbre: según el artículo 31 de la Ley de Carreteras

    Zona de afección: según el artículo 32 de la Ley de Carreteras

    Zona de limitación de la edificabilidad: según el artículo 33 de la Ley de Carreteras

    ¿Qué limitaciones tiene la zona de servidumbre de una carretera?

    Estipulado en el artículo 31 de la Ley de Carreteras: “En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización…”.

    Además, en el Reglamento General de Carreteras, se establece que “Los propietarios o titulares de otros derechos reales o personales sobre los terrenos afectados por las servidumbres necesarias para garantizar el funcionamiento y explotación de la carretera podrán realizar cultivos sin necesidad de autorización, pero no obras o instalaciones que impidan la efectividad de la servidumbre o que afecten a la seguridad de la circulación vial. 

    Tampoco se podrán realizar plantaciones, obras o instalaciones que impidan la efectividad de esas servidumbres o incidan en la seguridad de la circulación vial.”

    ¿Qué limitaciones tiene la zona de afección de una carretera?

    Lo indica el artículo 32 de la Ley de Carreteras: “Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización… En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios…”

    ¿Qué limitaciones tiene la zona de limitación a la edificabilidad de una carretera?

    El artículo 33 de la Ley de Carreteras especifica que en estas zonas “Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes.”

    ¿Tengo derecho a una indemnización porque mi finca rústica está afectada por estas zonas de protección de carreteras?

    En general, la respuesta a la posibilidad de indemnización por la constitución de estas limitaciones por la construcción de una carreteras, es que no, que no son indemnizables estas limitaciones a la propiedad que se establecen en fincas rústicas.

    En el Reglamento General de Carreteras (que no ha sido derogado ni modificado tras la publicación de la Ley de Carreteras en 2015) se indica meridianamente claro: “El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de servidumbre por sus propietarios o titulares de un derecho real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por su compatibilidad con las ocupaciones y usos (…), sin que esta limitación genere derecho a indemnización”.

    Si que será indemnizable, y así lo estipula la Ley de Carreteras, “la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su utilización”. 

    Es decir, se trata de una indemnización casuística, para el caso en que, por la necesidad de ocupación de la zona de servidumbre para el servicio de la carretera, sea necesario ocupar la finca y se produzcan daños y perjuicios, generalmente en los cultivos o plantaciones existentes.

    ¿Mi finca rústica tiene una calificación urbanística para la realización de una actividad compatible con el suelo rural, y está afectada por las limitaciones de una nueva carretera?

    Este es un caso muy habitual, ya que en una gran parte del territorio el suelo rústico, no protegido, es compatible con la calificación urbanística para la realización de distintas actividades, sin más que cumplir los requisitos impuestos por el Plan de Ordenación Urbanística correspondiente (turismo rural, parques eólicos, fotovoltáicos, etc…)

    En este caso, es importante que tengas en cuenta que el artículo 33.5 de la Ley de Carreteras establece una disposición legal novedosa, que es la siguiente: “Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o actuaciones que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, como consecuencia del menoscabo en el estatuto jurídico de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.”

    Esta cláusula, que recoge una doctrina jurisprudencial consolidada con respecto a los terrenos urbanos, parece que es de posible aplicación a los terrenos rústicos en los casos en los que éstos sufran en los derechos urbanísticos que tengan reconocidos, cumpliendo las condiciones:

    • Encontrarse dentro de las zonas de protección de dichas carreteras
    • Quede demostrado que no es posible ejercer dicho derecho en otra ubicación.

    En cualquier caso, es cierto que, en el caso de la zonas de afección, la Ley de Carreteras establece que “La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la línea límite de edificación definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la vía, o en las previsiones de los planes, estudios o proyectos de construcción, conservación, ampliación o variación de carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años, contados a partir de la fecha de la autorización u orden para realizar el correspondiente estudio.”

    Entiendo (es mi opinión) que sólo en el caso de que se produzca esta denegación, y en los casos establecidos en esta norma, será posible que se produzca una depreciación indemnizable, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriores.

    Se trata, desde mi punto de vista, de una cuestión que dará lugar sin lugar a dudas a controversias en el futuro.

    ¿Cual es tu opinión? ¿Conoces algún caso?

    Un saludo y hasta el próximo artículo

  • La Norma Granada y valoración para expropiaciones

    La Norma Granada y valoración para expropiaciones

    La Norma Granada para valoración de árboles

    En los últimos tiempos, recibo numerosas preguntas en el blog sobre la aplicación de la Norma Granada para la valoración de árboles. 

    Así que voy a dedicar unas líneas a comentar este método de valoración, sus características y cuándo y donde lo puedes aplicar en tu valoración.

    ¿Qué es la Norma Granada?

    Pues según sus creadores, la Asociación Española de Parques y Jardines, la Norma Granada es “… ya un procedimiento clásico de valoración de árboles ornamentales. Hace algunos años que no resulta tan extraño decir que los árboles tiene un valor diferente de la sola madera…” (texto extraído de la página web de la AEPJP).

    Esto es cierto, ya que si necesitas realizar la valoración de arbolado de forma individualizada para cada ejemplar, la Norma Granada se ha convertido en un estándar para la valoración de árboles, en especial por su utilización, en algunos casos, por la Administración.

    ¿Cómo aplicar la Norma Granada?

    Es importante que cuando elabores el Informe de tu valoración no olvides utilizar la última revisión publicada de la Norma. En el momento en el que escribo este artículo, en la web de la Asociación Española de Parques y Jardines indica que existe ya una edición del año 2019. 

    Además, deberás consultar los valores de los coeficientes actualizados de la página web de la Asociación de Parques y Jardines de España, de acuerdo con lo estipulado en la metodología de la Norma Granada. 

    Muchos de estos parámetros, para una determinada localización, serán comunes a todos los ejemplares valorados, ya que son los que estipulan las características edafológicas y climáticas de la posición de los árboles. 

    Sin embargo, desde mi punto de vista, el importante destacar que la Norma Granada no es un método mágico ni secreto para la determinación del valor de los árboles.

    En qué consiste la Norma Granada

    Por el contrario, se trata de un método basado en que la determinación del valor del árbol, se realiza a partir del valor básico establecido por precios de ejemplares similares en viveros, al que se añaden los costes de reposición, como los costes de plantación y cuidados hasta el arraigo. 

    Así, por ejemplo, puede que encuentres algún caso de un ejemplar que no se encuentra recogido en el listado de la Norma Granada para la determinación de coeficientes de los árboles no sustituibles. 

    Así me ha ocurrido en algún caso. Por ejemplo, el de una especie arbustiva que se había desarrollado en forma arbórea.

    Por ello, se determinará su valor a partir del valor básico de un ejemplar de vivero, al que añadiremos los costes de plantación y arraigo, más los costes de mantenimiento anuales, capitalizados de acuerdo con una fórmula establecida en la  propia Norma Granada.

    ¿Cual es el “secreto del éxito” de la Norma Granada?

    Sin embargo, y en esto es lo que creo que radica el éxito esencial de la Norma Granada, es que se “atreve” a valorar de alguna forma los árboles que por sus características son “no sustituibles”.

    Es decir, aquellos que de ninguna de las maneras podríamos plantearnos en lograr reponer en caso de su desaparición. 

    El valor de los árboles que no pueden considerarse sustituibles se realizara mediante la obtención del valor básico del ejemplar, a partir de la fórmula de regresión y coeficientes establecidos en la propia Norma Granada, que dependen exclusivamente de la especie y del perímetro de tronco. 

    Este valor será corregido por los denominados factores extrínsecos (estado sanitario y el tamaño fotosintéticamente activo) e intrínsecos (estético y funcional, representatividad y rareza, y situación) para obtener el valor final del árbol.

    Y también es fundamental que la valoración de cada uno de estos parámetros se debe realizar de acuerdo con las características establecidas en la propia Norma, lo que redunda en la disminución del grado de subjetividad, que en cualquier caso puede llegar a ser amplio, no sólo en éste, sino que caso cualquier método de valoración. 

    ¿Cuándo debes aplicar la Norma Granada en tu valoración?

    Pues en este caso, y de acuerdo con mi experiencia, lo tengo muy claro: solamente cuando realices la valoración árboles en parques y jardines “urbanos”. 

    ¿Puedo aplicar la norma Granada en una valoración para expropiación forzosa rústica?

    En relación con los expedientes de expropiaciones, el Tribunal Supremo lo ha dejado meridianamente claro, como reza textualmente en una de sus sentencias más recientes: “En efecto, como ya hemos tenido ocasión de declarar, la denominada «norma Granada» para determinar la valoración del arbolado existente en una finca objeto de expropiación, no puede aplicarse con carácter general porque está prevista » para valorar árboles ornamentales existentes en parques y jardines urbanos» (Sentencia de 17 de noviembre de 2015; recurso de casación 536/2014).

    En efecto. Ya hace algún tiempo que veo que la mejor forma de valorar los árboles en una expropiación forzosa de una finca rústica, cuando éstos se pueden valorar de forma diferenciada, es directamente mediante el cálculo de los costes de reposición, a partir del valor que pueda tener un ejemplar comprado en un vivero.

    Esto, como imagino que deducirás por ti mismo, nos deja la duda de qué ocurre en el caso de que tengas que valorar un árbol no sustituible en el medio rural, ya que parece que la jurisprudencia no ve con buenos ojos la Norma Granada en el ámbito rural.

    Sin embargo, quizás haya que esperar a tener un caso real. Si a ti te ha sucedido o conoces alguno, no dudes en comentarlo más abajo

    Un saludo y hasta el próximo artículo.


  • Retroactividad confirmada de la nueva tasa de capitalización

    Retroactividad confirmada de la nueva tasa de capitalización

    Retroactividad confirmada de la nueva tasa de capitalización

     

    ¡Hola!

    Este mes te escribo brevemente para comentarte un asunto que ya traté hace algún tiempo, en relación con la publicación y entrada en vigor de la nueva Ley de Carreteras, Ley 37/2015 de 29 de Septiembre, que entró en vigor el día 1 de Octubre de 2015.

    Si quieres ver lo que comentaba entonces puedes verlo aquí.

    El caso es que, el Estado aprovechó esta Ley de Carreteras para introducir una nueva forma de cálculo de la tasa de capitalización de obligada aplicación en las valoraciones rústicas que se realicen bajo el amparo del Texto Refundido de la Ley de Suelo, en aquél momento la versión aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio.

    Esta versión de la Ley de Suelo fue rápidamente sustituida por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que mantuvo íntegramente la forma de cálculo de dicha tasa de capitalización según se establecía en la Ley de Carreteras.

    La modificación estaba incluida en la Disposición final tercera:

    Modificación del texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

    Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo, que queda redactado de la siguiente forma:

    «1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración.»

    Así quedó recogido en la Disposición Adicional Séptima del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

    Pero además, esta Ley incluyó una norma que hacía extensivo su aplicación a todos los expedientes “que se inicien a partir de la entrada en Vigo de la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo”, de acuerdo con su redacción original:

    “Disposición transitoria tercera. Valoraciones.

    1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.”

    Un precepto claramente retroactivo, que dejaba dudas sobre la situación de los expedientes iniciados, y sobre todo en aquellos cuyos trámites estuvieran a punto de finalizar.

    Pues bien, ya tenemos una primera sentencia sobre el asunto, la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 26 de enero de 2018, (25/2018), Recurso 70/2016, en la que textualmente, en relación con discusión entre dos posibles fechas de valoración, el 5 de Mayo y 5 de Octubre de 2018, establece que en realidad la polémica no ha lugar, ya que en cualquier caso ha de aplicarse la tasa indicada en la Ley de Carreteras, en virtud de la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

    Y ello, porque, de acuerdo con este Tribunal:

    “Es indudable que no se produce ninguna vulneración del artículo 9.3 de la Constitución , puesto que se refiere a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y no nos encontramos ante este supuesto. Ello sin perjuicio de que, realmente no se produce una retroactividad por parte de la Administración, sino por una disposición con rango de ley, que establece la aplicación de sus normas de valoración para todos aquellos expedientes iniciados con posteridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007.“

    Queda la duda, por ahora, de ver qué aplicación tiene este precepto en los casos en los que es la propia Administración la que, en su Hoja de Aprecio, ha aplicado, al igual que la propiedad, la tasa de capitalización anterior al 1 de Octubre de 2015, y es el Jurado de Expropiaciones el que, ignorando las Hojas de Aprecio del expediente, ha aplicado la nueva tasa de capitalización.

    En breve, seguro…

     

     

     

    LA VALORACIÓN DE LA DIVISIÓN DE FINCA RÚSTICA, PASO A PASO

    Valoración de la división de Finca Rústica, PASO A PASO

  • Las expropiaciones en espacios naturales protegidos

    Las expropiaciones en espacios naturales protegidos

    Las expropiaciones en espacios naturales protegidos

     

    El otro día un compañero me hizo un comentario en relación con las indemnizaciones derivadas de las limitaciones por la constitución de Parques Naturales.

     

    Cuando digo parques naturales, me refiero tanto a éstos, como a otras figuras de protección medioambiental, como los parques nacionales y otras figuras de espacios naturales protegidos.

     

    Al hilo de este comentario, caí en la cuenta de un aspecto que quizás no se le dio la importancia adecuada cuando se aprobó la Ley 30/2104, de 3 de Diciembre de Parques Nacionales.

     

    En aquel momento, pasada la polémica sobre la posible urbanización de estos espacios, que fue eliminada ya en Junio de ese mismo año en el tramite parlamentario, los comentarios se centraron sobre todo en el mantenimiento de la posibilidad de cazar en algunos parques hasta el horizonte de 2020.

     

    Por ello, quizás no se tuvo en cuenta un aspectos importantes de la Ley: el de asegurar de forma  expresa la garantía patrimonial de los titulares de los terrenos incluidos en un Parque Nacional.

     

    Pero yendo al grano, el artículo 7.5. de la Ley dice los siguiente:

     “Cualquier privación de  los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre los usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un parque nacional en el momento de su declaración, 

    así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos que el titular no tenga el deber jurídico de soportar, 

    será objeto de indemnización de sus titulares, conforme a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

     (hoy Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas). 

    Las Administraciones Públicas, a la vista de la situación anterior, actuarán con la máxima diligencia para indemnizar en su caso, de acuerdo con la ley declarativa”.

     

     

    También debes tener en cuenta que la jurisprudencia no va en sentido distinto.

     

    Es obligación de la administración la de iniciar los correspondientes expediente de expropiación forzosa o de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en los casos de limitaciones por la constitución de espacios naturales protegidos.

     

    Es cierto que otras normas legales, como la Ley 4/1989 (ya derogada) y la actual Ley sobre Patrimonio Natural y diversidad establecen la posible declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa de un Espacio Natural Protegido. Lo mismo ocurre con diversas leyes de las distintas comunidades autónomas (como no podía ser de otra manera)

     

    La cuestión que debes tener en cuenta es que no se produce la expropiación forzosa por la mera declaración de un terreno como espacio natural protegido.

     

    El problema, como en otros ámbitos, no sólo en el de la constitución de espacios naturales protegidos, es el de establecer el límite entre lo que debe y no debe soportar el propietario de un predio sometido a una clasificación de este tipo.

     

    En este caso, la norma establece las limitaciones sobre “los usos y derechos reconocidos en el Parque en el momento de su declaración”.

     

    Dicho de otra manera, tal y como se puede leer en la jurisprudencia, son indemnizables las limitaciones establecidas sobre la utilización tradicional y consolidada dentro de los espacios protegidos que se establecen.

     

    Otras limitaciones más allá de la “utilización tradicional y consolidada”, quedan dentro de la competencia del Estado para la delimitación del contenido del derecho de propiedad.

     

    La Ley también prevé el establecimiento previo de cuáles son estos “usos y derechos reconocidos”, de acuerdo con su artículo 7.3.:

    “Las actividades presentes y consolidadas en el territorio de los parques nacionales en el momento de su declaración serán objeto de estudio a fin de determinar las que resulten incompatibles con la gestión y conservación del espacio”.

     

    Entonces, ¿cómo podemos valorar de forma objetiva la indemnización por las limitaciones introducidas en la creación o constitución de una zona de protección ambiental?

     

    Creo que la forma más sencilla de explicarlo es que las limitaciones agrarias, forestales o cinéticas que se introduzcan sobre un bien inmueble, darán lugar a que ésta sufra una pérdida de su valor inicial. El valor que tiene ese bien en el momento de la declaración como espacio natural protegido.

     

    En este caso, la actual redacción del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa nos remite para las valoraciones de bienes inmuebles a la legislación vigente sobre Suelo, en concordancia con el artículo 34.1 de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbanas.

     

    Esto nos lleva, inevitablemente, a la aplicación del Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. (Artículo 6).

     

    Una forma muy intuitiva de obtener la indemnización es mediante el cálculo de la diferencia del valor del predio en el momento de la declaración, en el que no se encuentra sometido a las limitaciones establecidas, y el valor posterior, una vez sometido a dichas limitaciones.

     

    Dichos valores deben ser obtenidos mediante la aplicación del método de capitalización de las rentas reales o potenciales en cada uno de los escenarios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

     

    1. Valor del predio derivado de la renta del uso real o potencial cuya utilización sea tradicional o consolidada.
    2. Valor del predio derivado de la renta del uso permitido tras la declaración del espacio natural protegido.

     

    Alternativamente, y en igualdad de condiciones, creo que también es posible la capitalización (patrimonialización) de la diferencia de rentas en ambos escenarios, de acuerdo con el sistema establecido en el Reglamento y en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

     

    Por último, y antes de terminar, una cuestión importante:

    todo esto no es necesario si la Administración, tal y como establece el propio artículo 7.3 de la Ley de Parques Naturales, llega a acuerdos voluntarios con los propietarios de los predios donde existan usos incompatibles con el Parque Nacional: “las administraciones competentes adoptarán, preferentemente mediante acuerdos voluntarios, las medidas necesarias para su eliminación dentro del plazo que establezca la ley declarativa”.

     

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