Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia planteó hace años una cuestión que sigue siendo interesante para quienes trabajamos en valoración y expropiación forzosa: ¿qué grado de imparcialidad puede exigirse a los miembros del Jurado Provincial de Expropiación?
Siempre me ha parecido importante saber quién va a leer y valorar nuestros informes de valoración y hojas de aprecio.
Por eso, antes de entrar en la cuestión de la imparcialidad, conviene repasar dos aspectos fundamentales del Jurado Provincial de Expropiación:
- ¿Cuál es su función?
- ¿Quiénes lo componen?
Y, a partir de ahí, podemos entender mejor qué significa realmente que a sus integrantes no pueda exigírseles la misma imparcialidad personal y procesal que a un juez.
¿Cuál es la función del Jurado Provincial de Expropiación?
Cuando el propietario rechaza el precio ofrecido por la Administración, el expediente de justiprecio pasa al Jurado Provincial de Expropiación, conforme al artículo 31 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El artículo 34 de la misma Ley establece que el Jurado, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por el propietario y por la Administración, debe decidir sobre el justiprecio correspondiente a los bienes o derechos objeto de expropiación.
Por tanto, el Jurado no realiza una valoración partiendo de cero.
Cuando recibe el expediente dispone, entre otra documentación, de dos posiciones valorativas contrapuestas: la contenida en la hoja de aprecio del propietario y la formulada por la Administración o beneficiaria.
Desde el punto de vista del técnico que interviene en la valoración, esto tiene una consecuencia evidente: la hoja de aprecio y el informe técnico que la sustenta deben permitir al Jurado identificar con claridad los hechos, las fuentes utilizadas, la metodología aplicada y la justificación económica de cada partida reclamada.
Además, la resolución del Jurado tiene que estar motivada. El artículo 35 de la Ley exige que razone los criterios de valoración seguidos.
¿Quién compone el Jurado Provincial de Expropiación?
La composición se regula fundamentalmente en el artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El Jurado está presidido por un Magistrado designado por el Presidente de la Audiencia correspondiente y, de acuerdo con la regulación vigente, intervienen además:
- un Abogado del Estado;
- dos funcionarios técnicos designados según la naturaleza de los bienes expropiados;
- el representante previsto en el artículo 32.1.c de la Ley, determinado en función de la naturaleza de los bienes o derechos;
- un Notario;
- y el Interventor territorial de la provincia o quien legalmente lo sustituya.
La incorporación de dos funcionarios técnicos y del Interventor territorial procede de la reforma introducida, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por la Ley 17/2012.
Esta composición técnico-jurídica es importante para comprender la naturaleza del Jurado.
No estamos ante un órgano jurisdiccional, sino ante un órgano administrativo colegiado especializado en la determinación del justiprecio.
Entonces, ¿los miembros del Jurado tienen que ser imparciales?
Aquí está precisamente el matiz que dio origen al artículo que publiqué en su momento.
La Sentencia 315/2014, de 11 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, analizó la posible falta de imparcialidad derivada de la intervención de integrantes del Jurado vinculados a la propia Administración.
La Sala recuerda que el derecho a un juez imparcial se predica de los órganos jurisdiccionales y que ese mismo estándar constitucional no puede trasladarse sin más a los funcionarios que forman parte de un órgano administrativo como el Jurado Provincial de Expropiación.
Pero eso no significa que los miembros del Jurado puedan actuar defendiendo arbitrariamente los intereses de una de las partes.
La sentencia exige que actúen con objetividad, entendida como desempeño de la función con desinterés personal.
Esta precisión es importante.
Decir simplemente que «los miembros del Jurado no tienen que ser imparciales» puede llevar a una conclusión equivocada si se interpreta fuera de contexto.
Lo que la jurisprudencia diferencia es:
una cosa es la imparcialidad personal y procesal exigible constitucionalmente a un juez y otra la objetividad que debe presidir la actuación de un órgano administrativo especializado.
Objetividad y desinterés personal
El Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa contiene además reglas específicas destinadas a evitar que un miembro del Jurado participe en una valoración cuando tenga un interés personal en el asunto.
Su artículo 32.3 establece la abstención cuando el expediente afecte a determinados parientes del miembro del Jurado o cuando este tenga algún derecho o interés sobre los bienes objeto de expropiación. En esos casos debe procederse a su sustitución.
Por tanto, la doctrina jurisprudencial no supone que el Jurado esté liberado de exigencias de objetividad.
Lo que reconoce es algo diferente: la propia configuración legal del órgano permite que algunos de sus integrantes procedan o estén vinculados profesionalmente a Administraciones que intervienen en materia expropiatoria, sin que esa circunstancia determine por sí sola la invalidez de su participación.
La sentencia del TSJ de Murcia recuerda incluso que la jurisprudencia ha admitido que un integrante del Jurado pueda haber intervenido anteriormente en determinadas actuaciones técnicas del expediente sin que ello implique automáticamente una causa de abstención equivalente a la que existiría en un proceso judicial.
La composición del Jurado no significa que cada miembro represente a una parte
Este es uno de los puntos que creo conveniente matizar respecto de la explicación que hice originalmente de esta sentencia.
Puede resultar tentador analizar la composición del Jurado pensando que determinados miembros defenderán los intereses económicos de la Administración mientras que otros tenderán a defender los del propietario.
Pero jurídicamente no es correcto plantear así su función.
Una vez integrados en el Jurado, sus miembros participan en la formación de la voluntad de un órgano administrativo que debe determinar el justiprecio mediante la aplicación de los métodos y criterios legales de valoración.
No están negociando una transacción entre dos partes.
Precisamente por ello, el Tribunal Supremo ha vinculado tradicionalmente la especial consideración de las valoraciones de los Jurados a su composición técnico-jurídica, especialización y objetividad. Esa valoración puede ser discutida y desvirtuada judicialmente mediante prueba suficiente; no constituye una decisión técnicamente incontestable.
¿Qué consecuencias tiene para un informe de valoración?
Desde el punto de vista del técnico o del abogado que prepara una hoja de aprecio, esta cuestión tiene bastante más importancia práctica de lo que pudiera parecer.
Si sabemos que nuestro informe puede terminar siendo examinado por un órgano de composición técnica y jurídica, la valoración de una finca rústica para expropiación forzosa debería estar construida de forma que permita comprobar y reproducir el razonamiento seguido.
En mi opinión, hay algunos aspectos especialmente importantes:
- identificar con precisión los bienes y derechos afectados;
- fijar correctamente la fecha y el régimen jurídico aplicable a la valoración;
- justificar documentalmente los datos utilizados;
- diferenciar claramente valor del suelo, plantaciones, construcciones, instalaciones y demás bienes afectados cuando proceda;
- explicar las hipótesis económicas utilizadas para determinar la renta;
- justificar técnicamente los daños, servidumbres, ocupaciones temporales o deméritos que se reclamen;
- aportar cartografía, mediciones, fotografías y demás documentación gráfica cuando resulte relevante;
- y evitar porcentajes o indemnizaciones genéricas que no estén relacionados con las circunstancias concretas de la finca.
Esto es especialmente importante cuando existe discrecionalidad técnica o cuando las hojas de aprecio de las partes llegan a resultados muy diferentes.
No basta con afirmar que una finca vale una determinada cantidad.
Hay que facilitar al Jurado los elementos necesarios para entender por qué se llega a ese resultado y, en la medida de lo posible, comprobarlo.
Conclusión
El Jurado Provincial de Expropiación desempeña una función esencial cuando propietario y Administración no alcanzan un acuerdo sobre el justiprecio.
La jurisprudencia ha precisado que a sus integrantes no puede exigírseles la misma situación de imparcialidad personal y procesal que constitucionalmente se exige a un órgano jurisdiccional, porque estamos ante un órgano administrativo.
Pero de ello no se deriva que sus miembros puedan defender libremente los intereses de una de las partes.
Deben actuar con objetividad y desinterés personal, y su resolución debe estar motivada y fundada en criterios de valoración legalmente aplicables.
Para quienes redactamos informes de valoración y hojas de aprecio, probablemente la consecuencia práctica más importante sea otra: el informe debe estar preparado para ser analizado por un órgano técnico-jurídico que tendrá delante posiciones valorativas contrapuestas y deberá decidir cuál de ellas está mejor fundada.
Y eso obliga a que la valoración no solo llegue a una cifra, sino que permita comprender y comprobar el camino seguido para obtenerla.
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